Al comenzar la “democracia” ecuatoriana en 1979, de acuerdo con la nueva Constitución y la primera Ley de Partidos Políticos fueron reconocidas casi una veintena de organizaciones. En cuatro décadas ese multipartidismo cambió.

Por diferentes presiones la Ley de Partidos fue modificada en años posteriores. Para las elecciones del pasado 9 de febrero (2025) quedaron reconocidas ante el Consejo Nacional Electoral 78 organizaciones políticas, entre las cuales solo 17 tienen carácter nacional, mientras 61 son de ámbito provincial. Este inflado multipartidismo es un limitante para la democracia, pues la mayoría de las organizaciones no pasan de ser clubes electorales, barriales o personalistas.

Los resultados electorales de la primera vuelta presidencial trajeron algunas “sorpresas” partidistas. El Movimiento Alianza País, fundado en 2006, promovió la candidatura de Rafael Correa, quien gobernó entre 2007-2017; sin embargo, por la persecución al “correísmo” inaugurada por Lenín Moreno (2017-2021), desde 2018 tuvo que conformarse otra agrupación con el nombre de Revolución Ciudadana (RC), que en 2025 patrocinó al binomio Luisa González-Diego Borja, que alcanzó el 43.97% de la votación nacional.

Es la agrupación combatida como el partido de los “correístas”, pero reivindica su identificación con el progresismo de nueva izquierda y, ciertamente, no solo recibió el voto “duro” de los correístas, sino de un amplio sector social que tiene serios motivos para advertir el peligro que significa para el país la continuidad del régimen oligárquico. Sin duda, es un partido con claro proyecto político y experiencia en el poder, cuenta con profesionales, cuadros y militantes, posee una línea socialmente admitida por sus propuestas y acciones, mantiene a Rafael Correa como su líder histórico, reconocido incluso en América Latina.

El Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) nació en 2021 y se transformó en una agrupación de respaldo personal a Daniel Noboa desde que asumió la presidencia en 2023. Sostuvo su triunfo en la primera vuelta alcanzando el 44.17% de la votación. En consecuencia, su fuerza política ha dependido de las iniciativas del gobierno y de la fidelidad con sus estrategias, porque en términos reales no es el partido de los grandes grupos de poder económicos ni de la tradicional oligarquía empresarial-neoliberal, que ha sostenido a tres gobernantes desde 2017 con el objetivo de preservar su hegemonía económica, su dominio social y la subordinación del Estado a su servicio. Aprovechando la coyuntura electoral hacia el balotaje del 13 de abril, el gobierno lanza la posibilidad de acuerdos con otros países para que “fuerzas especiales” colaboren en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Ha merecido la contundente respuesta de un excomandante del ejército que cuestiona semejante opción.

La derecha política tradicional ha recibido un golpe demoledor. El Movimiento Social Cristiano nació en 1951 con Camilo Ponce Enríquez (ocupó la presidencia entre 1956-1960) y era una organización serrana, esencialmente quiteña, inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia. Años más tarde, si bien el millonario empresario León Febres Cordero había declarado ser “un hombre de una ideología liberal-radical-progresista” y que, por tanto, se afiliaría al Partido Liberal, en 1977 se afilió al que pasó a llamarse Partido Social Cristiano (PSC) y al cual igualmente se incorporaron una serie de personajes de la élite de Guayaquil. Con Febres Cordero en la presidencia (1984-1988) el PSC se transformó en una fuerza política organizada, de larga influencia sobre todo en la Costa ecuatoriana, que esencialmente expresó los intereses de la oligarquía regionalista y autonomista, cuyas propuestas económicas estaban lejos de cualquier Doctrina Social de la Iglesia. El PSC conservó el control de Guayaquil con los alcaldes L. Febres Cordero (1992-2000), Jaime Nebot Z. (2000-2019) y Cynthia Viteri (2019-2023), cuya mala gestión repercutió en el triunfo a la alcaldía de Aquiles Álvarez, de la RC.

Otro sector que ha sido igualmente abatido es el Partido Socialista fundado hace un siglo (1926), que obtuvo el 0.53% de los votos; y, además, la Unidad Popular, cuyo nombre originario fue “Movimiento Popular Democrático” (1978), que alcanzó el 0.4%. Constantemente se atribuyeron representar a la “verdadera y auténtica izquierda” marxista; pero en cuatro décadas no pudieron construir una alternativa política eficaz y hoy han quedado definitivamente golpeados por la historia. Lo mismo ha ocurrido con Izquierda Democrática (1970), partido histórico de la socialdemocracia que giró a la derecha desde los noventa.

Una situación especial ofrece el sector indígena. La CONAIE (1986) es la organización matriz del movimiento, que dio continuidad a la Federación Ecuatoriana de Indios (1945). Pachakutik (1995) actúa como partido. Ambas organizaciones apoyaron a Leonidas Iza, quien obtuvo el 5.25% de la votación, que no solo provino de los indígenas, sino de sectores progresistas, aunque resulta inquietante que Noboa haya captado el voto de diferentes comunidades indígenas atrapadas por el “anticorreísmo”, según lo ha reconocido el mismo Iza. Sin duda la claridad política de Iza lo ha convertido en un líder social de la izquierda; sin embargo, no ha logrado pasar a constituirse en la alternativa política a la RC. Para la segunda vuelta ha argumentado: “Nosotros tenemos una identidad más consecuente de izquierda, que defendemos la ecología y los territorios para la vida, para el consumo interno del país. Pero esto no se va a definir en el escenario del correísmo y anticorreísmo, sino entre la socialdemocracia con la señora González y la derecha rayando el fascismo de Daniel Noboa”, un argumento que ha repetido en otras intervenciones. Tratar de diferenciarse de la “socialdemocracia” es anteponer una posición muy tradicional entre las izquierdas ecuatorianas, que tiende a subrayar quién tiene la única y verdadera “línea” o “proyecto político”. Queriendo lucir aún más radical, alguien escribe por ahí que Luisa González representa al “populismo reaccionario”.

Tampoco es una cuestión sustancial para el análisis de la coyuntura, signada por una realidad histórica de primer orden: la RC y CONAIE-Pachakutik son las únicas organizaciones que pueden movilizar una fuerza social-popular que impida el triunfo de Daniel Noboa. Ambos sectores han sido perseguidos, criminalizados y judicializados por los tres gobiernos sucedidos desde 2017. El movimiento indígena nunca ha experimentado el brutal ataque de las oligarquías y la represión como en los últimos ocho años. Inmediatamente ha pasado a ser atacado como “terrorista”, mientras a la RC se le acusa falsamente de supuestos vínculos con el “narcotráfico”, lo cual pretende dirigirse contra todo el progresismo.

En la polarizada confrontación social y política que vive el país, el amplio sector progresista de las diferentes izquierdas aspira a que las dos organizaciones de la tendencia logren movilizar un proyecto común, que salve la vida, el trabajo y el futuro del Ecuador.